NOTA DE PRENSA DE ANA SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES Y LOS ACOTAMIENTOS AL PASTOREO

 

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE AMIGOS DE LA NATURALEZA

LOS INCENDIOS FORESTALES  DE ORIGEN GANADERO  SON A LA SOCIEDAD ASTURIANA COMO EL NARCOTRÁFICO A LA MEXICANA

Más de 254 incendios provocados en una semana, 4 de ellos GIFs (grandes incendios forestales de más de 500 Has), miles de hectáreas quemadas, graves daños ambientales, erosión con pérdida de suelo,  pérdidas económicas y lo que también es muy grave, cientos de delitos cometidos en el plazo de una semana con impunidad y desprecio a la ley y con la complicidad de otras personas y de una parte de la clase política asturiana.

Si en una semana hubiera habido en Asturias 254 delitos graves de otro tipo la sociedad estaría indignada, se exigirían responsabilidades inmediatas y habría manifestaciones a diario. Pero hay 254 delitos de incendios forestales provocados y la gente sigue tan tranquila. Sabe que, en unos días lloverá y nos olvidaremos.

Los incendios forestales son a la sociedad asturiana como el narcotráfico  a la sociedad mexicana o la colombiana, o como la corrupción a la clase política española, es decir, algo consustancial y asumido, aceptado y tapado por una parte importante de la sociedad, pese a lo que digan el sentido común, el código penal, la economía y la ciencia, lo que dificulta enormemente los esfuerzos para acabar con esas prácticas dañinas y delictivas.

Cuando se producen los incendios la prensa empieza a decir que la causa es la sequía, el viento o las altas temperaturas (aunque sea diciembre, o abril). Casi todos los políticos señalan que es pronto para saber si son intencionados, o no, o para atreverse a aventurar quien los provoca, o por qué. Y la mayoría de la sociedad mira para otro lado.

Incluso los más próximos a los incendios, la población rural, que, en muchos casos, saben qué persona los provocó y por qué razón, se encierran en su casa para no ver nada y no quieren hablar una palabra del origen del incendio, igual que en el País Vasco o Sicilia cuando había un asesinato, aplican la ley del silencio.

En Asturias, en relación a este asunto, tenemos una sociedad enferma. Enferma de clientelismo en el mundo político, de desconocimiento, temor y solidaridad destructiva en el mundo rural y de indiferencia por el medio rural en el mundo urbano.

Sin embargo, lo que parece tan difícil de ver por  nuestros políticos y la sociedad, es fácil de encontrar en cualquier libro de primaria de nuestros hijos. Recuerden lo de la ardilla que hace siglos cruzaba la península de árbol en árbol y cómo los agricultores y ganaderos, nuestros antepasados, para ampliar las tierras de cultivos y los pastos fueron quemando y roturando buena parte de los montes ibéricos. La vieja guerra entre los campesinos y el monte bravo, que en Asturias, después de muchos siglos y por las características de nuestra economía,  paisaje y vegetación, sigue teniendo sangrientas batallas cada vez que las condiciones climatológicas lo permiten.

Cada año que pasa, incluso, la guerra tiene más munición, debido al despoblamiento del mundo rural que hace que cada paisano, activo o semiactivo, tenga a su disposición cientos o miles de hectáreas muy abruptas que no es capaz de mantener como a él le gustaría por medios manuales o mecánicos, que no quiere que vuelvan a ser monte bravo y que intenta moldear con el fuego, como en el neolítico, de forma clandestina y a lo bestia. Y tal vez alimentada por una política de ayudas de la UE calculadas en función de la superficie de pastos de montaña que mantiene cada ganadero, que habrá que modificar para que contribuya a disminuir la erosión y mejorar el medio ambiente y la biodiversidad y no a cargárselos definitivamente.

¿Qué podemos hacer para curar esta enfermedad social y acabar con los incendios forestales intencionados?. Muchas cosas: cambiar algunos elementos de la política agraria, forestal y de desarrollo rural y de la legislación (reorientando las obras, las líneas de ayudas y retomando los acotamientos de los montes incendiados), ampliar las campañas de educación ambiental, sobre todo a nuestros niños (el monte produce bienes públicos esenciales que son de de todos), mejorar los recursos humanos y tecnológicos destinados a evitar que se produzcan incendios y a descubrir y condenar a los culpables cuando se produzcan (¿habrá que usar satélites espía muy precisos o llenar el monte de cámaras o drones en los momentos de riesgo?), etc.

Pero quizás por lo que hay que empezar es por reconocer que, en Asturias, tenemos esa enfermedad, y que es un virus resistente, sobre todo, de origen ganadero. Si no queremos saber quien quema el monte y por qué razones, si no nos quitamos la venda de los ojos, no podremos tomar las medidas necesarias para curar la enfermedad y acabar con los incendios. Y por eso compartimos las declaraciones del Alcalde de Allande y las del jefe de la Guardia Civil de Asturias que se han atrevido a recordar con claridad que detrás de los incendios forestales en Asturias está, casi siempre, el deseo de ampliar pastos, y en los de este mes, muy agravado por la reciente modificación de la Ley de Montes, en contra del criterio de los expertos, para suprimir los acotamientos al pastoreo de las zonas incendiadas, que era una de las pocas medidas eficaces para evitar esos incendios.

PETICIÓN DE PROHIBICIÓN DEL GLIFOSATO EN MORCÍN

AL AYUNTAMIENTO DE MORCÍN. Santa Eulalia de Morcín 33162

 

la Asociación Medioambiental La Cirigüeña, con CIF G74103169,  con domicilio en   Morcín

 

EXPONE

• El glifosato es un herbicida de uso generalizado. La Oganización Mundial de la Salud lo ha catalogado como “probablemente carcinógeno”. Además, resulta muy nocivo para las plantas y los animales. El uso del glifosato es peligroso, no es necesario y tiene una alternativa que respeta el medio ambiente y la salud pública: la agricultura y la jardinería ecológica.
• El sentido común nos dice que un producto carcinógeno no debería ser empleado en nuestro municipio ni en ningún otro lugar, por lo que significa el empleo constante del glifosato: riesgo que supone para la salud pública, personas enfermas, animales muertos, suelos sin vida y pérdida de biodiversidad.
• Que la protección de la salubridad pública es obligación de las Entidades Locales, según el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
• La Directiva marco para un Uso sostenible de los plaguicidas, aprobada por el Parlamento Europeo el 13 de enero de 2009, expone que: «…teniendo debidamente en cuenta las medidas apropiadas para la protección del medio acuático el agua potable y los requisitos necesarios de higiene y salud pública y la biodiversidad, o los resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras […], en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria».
• El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, y que tiene como objetivo la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos, contempla que  «… la Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas».
• Cada vez mas ayuntamientos están prohibiendo el uso de este pesticida en sus territorios ya sea dejando de usar herbicidas, planteando medidas alternativas o directamente declarado municipios libres de herbicidas: Los ayuntamientos de Arenas de San Pedro, Las Navas del Marqués, Medina de Pomar, Bembibre, Carucedo, Villablino, Villamuriel de Cerrato, Guijuelo, El Espinar, Simancas, Villamayor. Ávila, Las Navas del Marqués, Navalafuente, Venturada,  Buenavista, el Rosario, Los Tilos, El Tanque, Santiago del Teide, Candeleda, Cacabelos, Fabero, Almazán, Santa Marta de Tormes,  el Real Sitio de San Ildefonso. Toro, Tordesillas. Aranda de Duero, Manzanares el Real, Colmenar Viejo, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Alpedrete,  Morazarzal,  Navas de Riofrío, Torre Val de San Pedro, Tabladillo, Santiuste de Pedraza,  Badalona, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Madrid, Valdemoro, Onda, Xirivella, Alzira, Castellón, Cabezón de la Sal,  Fuencaliente, Laguna del Duero, Planoles,….han tomado medidas para prohibir o sustituir el uso de este herbecida en sus términos municipales.. Por todo ello

 

SOLICITA:

 

• La declaración de Morcín como Municipio libre del empleo del glifosato y otros herbicidas.
• La sustitución de herbicidas por métodos no contaminantes que no dañen a la salud ni al medio ambiente, incluyendo métodos mecánicos y térmicos con mayor potencial de generación de empleo; o el pastoreo.
• La notificación de dicha declaración a los vecinos y vecinas del concejo, orientándoles en el uso de labores no nocivas de control de hierbas, con el fin de evitar el uso doméstico de herbicidas.
• Se comunique dicha decisión a las empresas contratistas encargadas del mantenimiento de parques y jardines, así como de gestión y limpieza de caminos del Concejo, para que modifiquen sus sistemas de control de la vegetación.
• Se incluyan las cláusulas oportunas de prohibición del uso de herbicidas en los contratos de mantenimiento de parques y jardines así como de gestión y limpieza  de caminos que el Consistorio pueda efectuar en el futuro.
• Se comunique a las Consejerías competentes en materia de infraestructuras y medio ambiente y al Ministerio de Fomento, solicitando el abandono inmediato del uso de herbicidas en el tratamiento de las cunetas de la red viaria que pasa por el Término Municipal, para que la protección de la salud de las personas y el medio ambiente en Morcín sea realmente efectiva.

En Morcín, a 28 de abril de 2017

A LA CÁRCEL POR UN AVE

 

 

Artículo de Joaquín Arce en El Comercio , 7 de abril de 2017

Un análisis coste beneficio es un estudio en el que se comparan los gastos previstos de un proyecto con los beneficios que va a generar y se obtiene la tasa de rendimiento de esa inversión. Permite ver si un proyecto es razonable, si genera retornos y permite comparar el interés de unos proyectos con otros para asignar con racionalidad los recursos económicos escasos.

 

La UE exige que se hagan este tipo de análisis para financiar obras con cargo a sus fondos de cohesión.

 

Todos los estudios públicos, privados o universitarios, que existen de análisis coste beneficio del AVE en España coinciden en que casi todos los tramos del AVE son ruinosos desde el punto de vista económico, social y medioambiental, sobre todo por falta de viajeros. Y especialmente los del corredor Norte, los que vienen a Asturias, que son los que menos ocupación tendrían.

 

De hecho, la mayor parte de los países, incluidos los Estados Unidos, no tienen ningún kilómetro de AVE, porque consideran más interesante invertir los recursos en la red ferroviaria de cercanías y la convencional.

 

Teniendo en cuenta todo esto no se entiende la obsesión que tienen algunos políticos en pedir el AVE a Asturias a toda costa, cueste lo que cueste. El argumento de que otros lo tienen (la envidia), no se sostiene. Ni tampoco se entiende la idea que pretenden transmitirnos de que lo que justifica que se hagan unas inversiones u otras, o más o menos inversión en una región, sea la discrecionalidad política y el poder relativo de cada partido. El nefasto clientelismo de siempre.

 

En los últimos tiempos, afortunadamente, están empezando a ser condenados bastantes de estos políticos por robar, prevaricar y corrupciones de múltiples tipos. Estos días, entre otras menudencias, vemos que algunos se hacían exenciones fiscales ilegales a si mismos en tributos como la ORA, o se pagan dietas de alojamiento en hotel, también para si mismos, en la propia ciudad donde tienen su oficina.

 

En el futuro cercano, además de por este tipo de actuaciones, algunos políticos irán también a la cárcel por otras, de más calado, como saltarse o falsear los estudios de impacto ambiental, manipular los análisis coste beneficio, como los del AVE, o por no tomar medidas efectivas para que se cumplan las normas que defienden nuestra salud y el medio ambiente de la contaminación.

 

Por el mundo ya hay organizaciones de abogados muy activas como ClientEarth que están empezando a sentar en el banquillo de los acusados a los políticos que no hacen todo lo que está en su mano, y les corresponde, por defender nuestra salud frente a las emisiones, los intereses y los engaños de las empresas contaminadoras. Y esperemos que, pronto, acabarán en chirona. Y otras como Transparencia Internacional o Intermon Oxfam, a falta de medidas eficaces de los gobiernos, están luchando por nosotros contra la corrupción, la competencia fiscal, la ingeniería tributaria y los paraísos fiscales.

 

En España deberemos empezar ya a denunciar, por la vía judicial, a los que, contra todo análisis coste beneficio, por no se sabe qué intereses o clientelismos, usen su posición política para que se despilfarraren los escasos recursos públicos disponibles en proyectos injustificados. Porque los recursos públicos no son infinitos y, como todos sabemos, tienen usos alternativos racionales desde el punto de vista económico, social y ambiental.

 

Sobre todo si tenemos en cuenta que todas esas inversiones no las vamos a pagar nosotros sino que, al financiarlas siempre y de forma irresponsable, con deuda, se las vamos a cargar a las próximas generaciones, sin ni siquiera preguntarles. “¡Vamos a hacer un AVE ruinoso y lo vais a pagar vosotros!”, les estamos diciendo a nuestros hijos. ¿Les suena la frase?.

 

Joaquín Arce Fernández. Economista y ecologista. Miembro de la Asamblea de Vecinas contra el AVE

COGERSA Y CADASA: DOS MILLONARIOS Y UN DESTINO.

 

Artículo de Joaquín Arce en El Comercio, 2 de marzo de 2017

Foto: Vertedero en La Piñera, Morcín

COGERSA y CADASA son dos consorcios que se crearon en Asturias para gestionar, respectivamente, las basuras y el abastecimiento de agua.

COGERSA se constituyó en 1982. Está formado por todos los ayuntamientos y la administración regional. En 2015 recogió más de 800.000 toneladas de residuos de todo tipo, recicló 22.600 toneladas de papel, 15.700 de vidrio y 10.500 de envases, y produjo biogás para su propio uso y compost para la venta.

Desde hace más de una década su obsesión es construir una contaminante y cara incineradora de residuos, que cuenta con la oposición de los ecologistas, vecinos y cada vez más fuerzas políticas. Debido a esa oposición y a las deficiencias en su tramitación, hasta la fecha, pese a sus repetidos intentos, no la ha podido iniciar.

CADASA se creó antes, en 1967 y hoy en día agrupa a 27 ayuntamientos, la Confederación Hidrográfica y la administración regional. Su misión era suministrar agua a la zona central desde los embalses de Tanes y Rioseco, en el alto Nalón. Y desde tiempos más recientes gestiona también otros abastecimientos en el occidente y depuradoras de saneamiento. En la actualidad abastece de forma total o parcial a casi 800.000 asturianos y a nuestras principales industrias.

CADASA también tuvo siempre una obsesión: construir un nuevo embalse en Caliao (Caso), una obra con connotaciones de tiempos pasados, de gran impacto ambiental y muy discutible necesidad. Incompatible con la directiva Agua de la UE y que ni siquiera encaja en los postulados de los planes hidrológicos nacionales.

Ambos consorcios fueron avanzados e innovadores en su época, cuando se formaron. Y en sus primeros años impulsaron mejoras sustanciales en la gestión de los residuos y las aguas de Asturias, de las que hoy todos disfrutamos, poniéndonos en esos años a la cabeza de las regiones españolas.

No obstante, con el paso del tiempo, y con la gestión política que se fue llevando, se fueron quedando atrás. No supieron ir adaptándose, con agilidad y convencimiento, a los nuevos tiempos y, sobre todo, a la legislación, filosofía y objetivos de la UE.

Las políticas europeas de residuos son clarísimas, pasan por avanzar con rapidez en la reducción, reciclaje y reutilización de los residuos y en la desaparición de los mismos como tales, convirtiéndolos en recursos económicos. Y la UE fija objetivos y plazos ambiciosos en esas materias.

Las políticas europeas sobre el agua, la directiva Agua, también son muy interesantes y tienen como objetivos la recuperación y mejora medioambiental de todas las masas de agua, el ahorro del recurso y la recuperación de costes, entendiendo por tal el trasladar al precio del agua todos los costes, sobre todo los medioambientales, pera impulsar el ahorro y el uso eficiente del recurso.

Los objetivos de la UE parece que no han querido ser asumidos con decisión por COGERSA y CADASA, por sus dirigentes o por el gobierno regional. Debido a ello ambos consorcios se han estrellado repetidas veces contra un muro legal, social y medioambiental sobre todo cuando han intentado construir la incineradora y el embalse de Caliao. Y como no han asumido la filosofía y los objetivos marcados por las políticas de la UE no han orientado su planificación ni sus inversiones en esa línea y se han ido quedando, poco a poco, desfasados en la gestión de sus respectivos ámbitos con respecto a otras regiones. Hasta el punto que hoy no cumplimos, ni de lejos, los objetivos cuantitativos en materia de residuos que fija la UE, ni tenemos planes creíbles a corto y medio plazo para alcanzarlos. Y lo mismo nos pasa con el agua. No mejoramos suficientemente la calidad de nuestras las masas de agua, ni recuperamos los costes ni tenemos políticas de ahorro y de precios modernas y aceptables para la UE.

Debido a la paralización de sus proyectos obsoletos y a su incapacidad para poner en marcha en Asturias nuevas políticas legislativas, de inversión y de precios, lo más destacable que han hecho en los últimos años tanto COGERSA como CADASA es enriquecerse, acumulando ingentes cantidades de dinero que ahora tienen invertidos en los bancos, a interés casi nulo.

En concreto CADASA tiene en los bancos unos 60 millones de euros, dos veces su presupuesto anual, al 0.1% de interés. Y los ahorros de COGERSA parece ser que andan por los 150 millones de euros, muchas veces su cifra de negocio. Cantidades enormes y sorprendentes en organismos públicos. En tiempos de déficit público y deudas que se trasladan a las generaciones futuras es difícil encontrar entes públicos tan saneados.

Esta acumulación de fondos sería muy meritoria si se produjera por buena gestión, austeridad y ahorro después de que los dos consorcios hubieran cumplido al 100% con los objetivos mínimos que establecen, de forma obligatoria, las políticas europeas y españolas.

Pero es menos defendible en la situación actual, en la que estamos muy lejos de ellos, con unas políticas de residuos y agua que en Asturias sólo se basan en el voluntarismo, el “buenísmo” ineficaz de los ciudadanos y la inoperancia a la hora de legislar y establecer precios y tributos que orienten en la buena dirección la acción ciudadana y administrativa. Y es un reflejo, al igual que la contaminación de aire y de las aguas que sufrimos, de la pasividad de algunas de las políticas medioambientales desarrolladas en las últimas décadas en Asturias.

Por todo ello, es necesario reorientar el rumbo de COGERSA y CADASA para volver a situar a ambos consorcios en la vanguardia de la gestión de los servicios de residuos y agua, como en sus comienzos. Y para ello cuentan con todas las condiciones favorables. Disponen de ahorros y recursos financieros suficientes, personal cualificado y objetivos (los de la UE) claros y motivadores. Lo único que les falta para que recuperen su pasado esplendor es que reciban el impulso político, legislativo y social que necesitan para ponernos a la altura de los países europeos más avanzados.

Los perros comen AVE

Artículo de Joaquín Arce Fernández en el diario El Comercio, 4 de enero de 2017

 

Los que tienen perros quieren alimentarlos. No pueden dejar que se mueran de hambre.

Los gobiernos del PP (y antes, del PSOE) no construyen el AVE para mejorar el sistema de transporte de nuestro país. No es su objetivo principal. Si lo fuera, no harían tanto AVE, sino que seguramente se gastarían los recursos disponibles en actualizar el ferrocarril convencional (menos transportar “fierro”,  con trenes vacíos, como dicen los ferroviarios y más llevar pasajeros y cargas), hacer eficiente y limpia la movilidad en un contexto de cambio climático y mantener en buen estado la red de infraestructuras, ahora muy abandonada.

Los gobiernos españoles quieren AVE por encima de todo, cueste lo que cueste. En otros países europeos, aunque sean más ricos, no se gastan su dinero en AVEs porque lo han estudiado y no lo consideran rentable. Ni social, ni ambiental, ni económicamente. Aquí eso se quiere ocultar. Por eso, no se hacen los análisis coste-beneficio.

Porque el motivo por el que los gobiernos españoles quieren construir AVE a todas partes es dar de comer a sus perros.

Los perros del Gobierno son de dos clases.

Por una parte están las empresas de construcción. En España son grandes y poderosas porque los gobiernos las llevan engordando muchos años. Además se unen en UTEs y forman oligopolios que se reparten, casi sin competir, los millonarios contratos públicos. Su apetito es insaciable y el Gobierno les tiene que proporcionar cada día nuevos contratos, modificados, complementarios, revisiones de precios, liquidaciones, etc. Los sobrecostes jugosos son su plato favorito.

Eso en Alemania no pasa. Los alemanes buscan concurrencia, publicidad, competencia. Prefieren que los contratos públicos (y las empresas que los ejecutan) sean muchos y más bien medianos o pequeños. Así el control de la administración es mayor y la competencia, el precio y la calidad del trabajo de las empresas, mejor. Dividen las grandes obras en lotes especializados y de tamaño adecuado. Hay menos incumplimientos por parte de las empresas y si fallan, en plazos o precio, la administración las puede penalizar y sustituir fácilmente, sin sufrir su chantaje. Las empresas están al servicio de la sociedad, no al revés.

En España el Gobierno prefiere tener perros grandes y gordos. La eficiencia, el coste de oportunidad y el control público son secundarios. Le gusta más que las empresas tengan beneficios. Ya se repartirán.

Los otros perros del Gobierno son los barones, los alcaldes, el PNV y demás tribus con boina, los medios de comunicación acríticos… Todos éstos comen primeras piedras, calendarios de obras, inauguraciones, promesas megalómanas e “ilusionantes”. Para alimentarlos, el Gobierno recorta los servicios públicos básicos, sus competencias fundamentales, se endeuda con la banca (otros perros peligrosos) y destina grandes fondos a proyectos insostenibles como el AVE.

Los gustos de todos los perros coinciden, lo que es una suerte para el Gobierno. Aunque sea a costa de la desnutrición de los ciudadanos.

En Asturias también hemos visto dar de  comer a demasiados perros durante años. Se han construido, con enormes sobrecostes, un macropuerto sobredimensionado y una regasificadora sin utilidad, que ahora habrá que pagar. Se han comprado ostentosos palacios de congresos, minibibliotecas carísimas,  campos de fútbol, museos, carreteras, polígonos industriales, equipos y mobiliarios… que nadie demandaba. Diseñaron un parque periurbano en el Naranco para vestir la compra de una finca inútil a unos millonarios. Intentaron adjudicar, a dedo, un superpalacio de justicia en Oviedo sólo para salvar los resultados de una empresa y como eso lo prohibió la UE, nos olvidamos del palacio, que en realidad no hace falta. Se derrocharon los fondos mineros. Casi construyen una costosa incineradora, si no la llegan a parar los ecologistas en los juzgados. Si todas las inversiones que se hicieron generasen las tasas de rendimiento que deberían ahora seríamos casi ricos.

Y de todos los perros, los más hambrientos, son los del AVE y la variante de Pajares. A ver si de una vez nos damos cuenta, los ponemos a dieta, mandamos a paseo el carísimo proyecto de nueva vía para el AVE entre Lena y Gijón y nos gastamos el dinero público en estudiar, investigar, cuidar bien a la gente y al planeta y hacer inversiones razonables que generen retornos claros.

Dejemos de pagar “farturas” a los perros.

Joaquín Arce Fernández. Economista y ecologista.

Moción sobre el FRACKING que solicitamos que apruebe el Ayuntamiento de Morcín. Enviada a los grupos municipales

Ayuntamiento de: MORCÍN

Junta de Gobierno local

 

Muchos han sido los intentos de búsqueda de hidrocarburos en la costa asturiana. No obstante, ante una nueva oleada de proporciones mundiales de búsqueda de gas con métodos renovados, nuestra comunidad parecía ser un territorio preferente.

 

La particularidad, en este caso, es la combinación de diferentes técnicas, como la perforación horizontal y la fractura hidráulica multietapa, que en otras partes del mundo ha hecho aparentemente viable económicamente la explotación de gas no convencional. Este programa iniciado en el 2002, con el permiso “MIERES” se reactivó en los últimos años, con varias solicitudes. Después de que se solicitaran los denominados “CUÉLEBRE I y II”, que aún continúan en trámite, HUNOSA vuelve a pedir un nuevo permiso de investigación denominado “LLÁBANA-1” que abarca a los concejos de Oviedo, Siero, Sariego, Bimenes, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Mieres, Aller, Lena y Ribera de Arriba.

 

Estas nuevas técnicas, conocidas abreviadamente como FRACKING, están siendo fuertemente contestadas desde diferentes ámbitos. Su desarrollo en las zonas donde han sido empleadas hasta ahora ha generado numerosos problemas que van desde la contaminación del agua potable hasta la aparición de movimientos sísmicos, pasando por una altísima ocupación y deterioro del entorno o de la aparición de problemas en la salud de los habitantes cercanos a los pozos.

 

Las empresas promotoras, en el mejor de los casos, se han dedicado a indemnizar a los afectados, a pagar multas por infracciones legales o a llevar agua potable en cisternas allá donde los pozos de agua dulce han sido contaminados.

 

Numerosos documentos avalan estas preocupaciones; desde estudios científicos, que cuestionan la inocuidad de la fractura hidráulica respecto a la salud humana y el medio ambiente, a territorios y estados que prohíben el uso de estas técnicas en sus jurisdicciones, con el ejemplo destacado de Francia que, por ley, ha prohibido la fractura hidráulica en su territorio. Es evidente que existe, a día de hoy, una fuerte controversia acerca de la utilización de estas técnicas debido a su peligrosidad.

 

VISTO LO CUAL SOLICITA:

 

Ante los numerosos problemas que está generando el empleo de esta técnica, y en prevención de que los mismos se puedan presentar en el futuro solicitamos a este Ayuntamiento que la Junta de Gobierno Local apruebe en su pleno la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (tal y como como ya han realizado los ayuntamientos de Bimenes, Carreño, Langreo, Lena, Mieres, Nava, Ribadesella, Siero Villaviciosa y Comarca de la Sidra):

 

• Este Ayuntamiento exige un estudio previo de impacto ambiental para todos y cada uno de los proyectos de búsqueda de hidrocarburos, desde la fase de investigación, que se planteen en el ámbito de actuación de este municipio, y que se le informe detallada y exhaustivamente de las afecciones a la contaminación de agua en sus acuíferos.

 

• Este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a cumplir  con la proposición no de ley, aprobada por el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias sobre promoción de una normativa responsable y coherente con el principio de precaución en las decisiones relativas a la extracción de recursos y de oposición a la extracción de gas por fractura hidráulica y que, en línea con lo, anterior se dirija al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que esta proposición se aplique también, en el territorio del Principado de Asturias, a los permisos de competencia estatal.

 

• Este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a convocar urgentemente una mesa sectorial en la que se invite a participar al Gobierno Asturiano, empresas promotoras, plataforma no al fracking, organizaciones sociales, asociaciones conservacionistas y municipios afectados, ampliando y dinamizando los trabajos que puedan realizarse en otro organismos como el Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias.

 

• Este Ayuntamiento solicita al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la realización de unas jornadas informativas abiertas, que expongan a la opinión pública los diferentes puntos de vista de administraciones,  empresas y entidades y organizaciones conservacionistas.

 

• Este Ayuntamiento da traslado de esta resolución al Presidente del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a las Consejerías de (Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) y (Economía y Empleo), a los portavoces de los grupos políticos mayoritarios representados en estas instituciones, así como a la Comisión de Medio Ambiente de  la Federación Asturiana de Concejos (FACC)

 

• En consecuencia, este Ayuntamiento se posiciona en contra de la fractura hidráulica y manifiesta una posición activa con la declaración del concejo como “Municipio Libre de Fracking” y, por ello, la colocación de una señal de “Fracking NO” a la entrada del municipio.

 

En Morcin, a 2 de diciembre de 2016

ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL LA CIRIGÜEÑA

 

 

La PAC, los incendios y los acotamientos al pastoreo.

Artículo de Joaquín Arce en el diario EL COMERCIO 1 de octubre de 2016

 

La  Unión Europea, comenzó a formarse a mediados del siglo XX con la intención de tener un mercado común y conseguir la libre circulación de personas y capitales en Europa. Se pretendía también avanzar hacia la unión política y superar así las guerras y los nacionalismos de la primera mitad del siglo XX, enfermedades sociales recurrentes que todavía sufrimos hoy en día.

Desde el principio se consideró que había que evitar las consecuencias negativas del mercado único en el medio rural. Para ello se puso en marcha una Política Agraria Común (PAC) que sustituía a las políticas agrícolas nacionales o regionales y con la que se pretendía defender al sector primario de la competencia exterior y mantener los precios y  las rentas de todos los agricultores y ganaderos. Durante décadas la PAC fue, con mucho, la principal política de la UE en relación al gasto, consumiendo la mayor parte del presupuesto europeo.

Con los años, el comercio internacional se fue liberalizando en todo el mundo y la PAC, poco a poco, se reorientó hacia el desarrollo rural y la defensa del medio ambiente europeo.

En el siglo XXI la PAC disoció la mayor parte de sus ayudas de la producción y la estabilización de precios (porque era algo que iba contra las normas internacionales de libre comercio) y las vinculó al mantenimiento de rentas de los agricultores y el cuidado del territorio y el medio ambiente, así como a la innovación y el desarrollo rural. En Europa ya no interesa tanto el producir gran cantidad de bienes de consumo a precios determinados como prestar servicios, obtener bienes públicos ambientales y mantener vivo y sano el medio rural.

La PAC redujo su importancia en el presupuesto de la UE (actualmente ya sólo supone el 39% del gasto) y se orientó hacia el apoyo a la producción de bienes públicos como el paisaje, los ecosistemas y los sistemas agronómicos europeos.

Las ayudas de la  PAC vigente para el periodo 2015-2020 en el que nos encontramos, son complejas, pero consisten, sobre todo, en un “pago básico”, por superficie utilizada por los agricultores o ganaderos, que supone en torno al 70 por ciento de la ayuda y un pago “verde” o por “ecologización” (respetar las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente) que supone, al menos, un 30% de la ayuda. No respetar los requisitos ecológicos comporta sanciones muy elevadas.

Asimismo en la actual PAC los pagos citados se supeditan, por la llamada “condicionalidad”, a que los agricultores y ganaderos cumplan otras normas sobre condiciones agronómicas y medioambientales dirigidas a limitar la erosión del suelo (junto con el agua, el mayor tesoro para la vida), mantener su estructura y los porcentajes de materia orgánica, las normas sobre salud pública, salud  y bienestar animal, uso del agua, plaguicidas y medio ambiente y a garantizar un nivel mínimo de mantenimiento de las fincas por los titulares. Si un agricultor, o ganadero, en el caso más común  de Asturias, no cumple esas normas de condicionalidad, los pagos directos que recibe se reducen parcialmente, o se suprimen.

En este escenario, no se puede entender, salvo por clientelismo cegarato, la propuesta de varios grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias de modificar la Ley de Montes regional para eliminar la obligatoriedad de acotar al pastoreo las zonas quemadas por los incendios forestales, medida que se regula en Asturias desde la Edad Media y que tiene por finalidad permitir la regeneración de los suelos y vegetación dañados por los incendios y desincentivar las prácticas de uso de los incendios para generar o mantener pastos.

Con una cortedad de miras y un electoralismo lamentable, los diputados que promueven este cambio legal ceden a las presiones de grupos de interés que pretenden conseguir más ayudas por superficie pastable para algunos ganaderos engañando a la UE en lo que para todos es más importante en estos momentos: la sostenibilidad ambiental y del clima.  Favoreciendo los incendios forestales y permitiendo que sus daños se agraven, igual se consigue cobrar un poco más por superficie pastable a la UE, muy a corto plazo. Pero estamos seguros de que, a medio plazo, la UE no se dejará engañar. No permitirá que se erosionen y se pierdan los suelos agrarios y forestales de nuestra región, parte de Europa, y se atente contra la biodiversidad por beneficios económicos a corto plazo. Y seguro, que a no mucho tardar, se endurecerán las condiciones para conseguir las ayudas por parte de los ganaderos y se aumentarán los requisitos medioambientales.

Desde luego, si ese cambio legislativo prospera en la Junta General  y los incendios forestales vinculados a la generación de pastos, como es de prever cuando los incentivos cambian, se mantienen o aumentan, los ecologistas asturianos trabajaremos ante la UE para que se apliquen las sanciones que procedan por incumplimiento de la condicionalidad y para que se revisen las líneas de ayuda de la PAC, de forma que se garantice que el resultado no sea obtener mas fondos a costa de lo que sea, ni producir más, sino conseguir el mantenimiento y sostenibilidad de nuestras montañas y sistemas ganaderos.

En la época de la globalización, las montañas europeas, y entre ellas las cantábricas (ejemplos de las tierras marginales típicas que sólo entran en producción en tiempos de escasez) no reúnen condiciones ni deben ser un lugar de producción intensiva  (herbicidas, pesticidas, incendios, residuos sólidos y líquidos…) y erosión y agotamiento de los recursos básicos para la vida, como el suelo. No tendría sentido ni económico ni ambiental. La montaña debe ser un lugar de conservación de paisajes y ecosistemas, de generación de aire puro y agua limpia, de lucha contra el cambio climático, de producción de alimentos ecológicos con denominación de origen y de servicios de ocio, turísticos y ambientales.

Si la ganadería asturiana no es capaz de cumplir con esos objetivos medioambientales que los europeos necesitamos alcanzar, a medio plazo se encontrará en el mismo caso que la minería asturiana: deberá enfrentarse al futuro sin subvenciones de la UE, compitiendo, si pueden, en calidad y precio con los productores del resto del mundo o deberá ver como se van cerrando gran parte de sus explotaciones.

Por eso, la decisión es nuestra y los acotamientos al pastoreo son cruciales en este asunto. O optamos por forzar la PAC para intentar obtener más ayudas a corto plazo eliminando los acotamientos, saltándonos las normas y quemando nuestros montes como en el neolítico y con ellos, nuestro porvenir…. o asumimos y nos creemos, de verdad, como tiene que ser el futuro de Europa y de la Tierra, y avanzamos decididamente de la mano de la UE hacia la sostenibilidad medioambiental y la conservación del suelo, el agua, el clima, las especies y los ecosistemas. Esperemos que nuestros ganaderos y políticos sepan escoger el camino correcto.

 

Joaquín Arce Fernández

Ecologista y economista.

Alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental / Proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS 117 tramo CAMPO DE CASO –PUERTO DE TARNA

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  MEDIO AMBIENTE.

 

En relación a ese documento, la  Asociación Medioambiental La Cirigüeña,   considera necesario alegar lo siguiente:

 

 

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN EN ESTA CARRETERA EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL PDI Y EL PAT DE CARRETERAS 2015-2030.

 

El Plan Director de Infraestructuras 2015-2030 (PDI), en su Programa de Actuación Territorial de Carreteras,  recoge las características de trazado y de tráfico de la red asturiana de carreteras. En base a las Intensidades Medias de Trafico Diarias (IMD), número de accidentes, y la situación actual de los firmes establece unos criterios para decidir que obras hay que realizar.

 

En concreto, según el PDI la carretera AS 117 en el tramo Campo de Caso- Puerto de Tarna, objeto de este EIA, tenía en 2012  una Intensidad Media Diaria de tráfico de 380 vehículos , 31 de ellos pesados.

 

Esta IMD es muy baja, de las más bajas de la red regional y es debida a que estamos hablando del tramo de la AS 117 situado por encima de Campo de Caso, es decir, un tramo de montaña que no da acceso a ninguna población significativa ni a instalaciones industriales o de servicios que muevan tráficos de vehículos.

El tramo de la AS 117 objeto de este proyecto y EIA en realidad tiene como única función la articulación de los tráficos de la zona alta del Parque Natural de Redes y de algunas pequeñas aldeas que hay en su interior, así como el enlace, de forma ocasional y marginal, con la comunidad vecina de Castilla y León, enlace para el que hay soluciones de comunicación mucho más eficientes como, por ejemplo, la autovía del Huerna.

 

Esa baja IMD y las características de la zona y tráficos a la que da servicio esta carretera hace que, en realidad, sea mucho más razonable considerar el tramo Campo de Caso- Puerto de Tarna  como Carretera Comarcal, o, mejor, como luego propondremos, carretera “turística” o “verde”.

 

Asimismo, según el PDI, las características objetivo para carreteras de la red regional con esa IMD menor de 500 vehículos es de 6/6, es decir carriles de 3 metros de anchura. Los 7 metros de anchura sólo se fijan como objetivo para carreteras con IMD entre 2000 y 5000 vehículos día, tráficos muy elevados a los que creemos que nunca llegaría ni debería llegar esta carretera, aunque se acondicionase.

Además si consideramos como carretera comarcal al tramo Campo de Caso Puerto de Tarna su anchura objetivo debería ser, según el Plan de 5.5, por ser una zona de montaña.

 

Vemos por tanto que el proyecto que analizamos no respeta, por exceso, las propias especificaciones del PDI  y está claramente sobredimensionado porque tanto la Alternativa 1 como la 2 prevén carriles de 3.5 metros (7 m. en total, a los que en la alternativa 1 se añaden arcenes de 0.5 metros y en la 2, no) que no se justifican en ningún caso con las IMD existentes, ni con los criterios generales del PDI ni, desde luego con las características ambientales y de necesidades de la zona que atraviesa.

 

Los defensores de las alternativas de 7 metros podrían señalar que esta obra figura en el PDI como una “actuación singular” con 30 millones de presupuesto entre 2015 y 2030 y podrían alegar que la carretera AS 117, en lugares muy por debajo de Campo de Caso, supera esas IMD, pero son argumentos claramente “tramposos” que van contra toda lógica de planificación y gestión económica racional de infraestructuras y desde luego, contra los planteamientos objetivos del PDI.

 

Por todo ello consideramos que la única actuación que se justificaría en esta carretera entre Campo de Caso y Puerto de Tarna debería ser de entre 5.5 y 6 metros de calzada, según tramos, lo que invalida el proyecto presentado a EIA ya que no se contempla el análisis de esta alternativa.

 

Asimismo consideramos que el tramo Campo de Caso a Puerto de Tarna, por sus características y tráficos rodados debería encajarse entre las carreteras de la red comarcal, como mucho, y no como vía de la red regional.

 

 

2.- NECESIDADES DE TRÁFICO Y COMUNICACIÓN EN EL PARQUE NATURAL DE REDES

 

Vista la ubicación y características de esta carretera creemos que debe descartarse tanto su consideración principal de vía “regional” como la de comunicación “interregional”.

 

No cumple ninguna de esas funciones, ni tiene vocación de hacerlo, como se puede ver en la IMD que alcanza y en las alternativas que existen para el tráfico interregional, que como ya dijimos, son mucho mejores y más eficientes.

 

Estamos por tanto ante una vía de carácter local o comarcal que, además presenta otras singularidades:

 

• Atraviesa el corazón de un Parque Natural, reserva de la Biosfera, ZEC,  etc, es decir, un territorio ambientalmente muy valioso y lleno de fauna salvaje y ganado.
• Debido a la orografía abrupta del territorio de Caso, esta carretera junto al río Nalón es la principal y casi única vía de comunicación para los tráficos rodados de vehículos pero también para los demás tráficos que se deben tener en cuenta siempre, aunque este EIA no lo haga, que son los tráficos peatonales de los habitantes de ese concejo, los tráficos de ganado (vacas sobre todo) que se realizan en muchas ocasiones por la propia carretera AS 117 al no haber alternativas, el tráfico ciclista y el tráfico senderista y turístico (que requiere aceras o sendas peatonales, carriles de baja velocidad, aparcamientos, miradores, zonas de acampada o , etc)
• También se debe tener en cuenta el continuo cruce de animales salvajes por este tramo de carretera, en toda la extensión de la misma.  Los ungulados, jabalíes, etc  cruzan de día y de noche esta carretera, que, por tanto, debe ser permeable a esos movimientos y debe tener un tráfico rodado de baja velocidad.
• No debemos olvidar que, entre Campo de Caso y Tarna hay muy pocos pueblos y  apenas viven unos pocos cientos de personas y junto a ellas, más de 5.000 vacas, un millar de caballos, ovejas y cabras,  y varios miles de ciervos, corzos, rebecos, jabalíes y otros animales de valor ambiental y tamaño considerable como para tenerlo en cuenta a la hora de planificar una carretera y la velocidad deseable para la circulación segura.

 

 

Vemos por tanto que el territorio que articula esta carretera requiere que ésta respete, como características de diseño de la reforma de la misma, las siguientes:

 

• Debe ser una vía muy lenta, creemos que con un límite de 50 kms/hora, es decir, que tenga en cuenta la presencia en la propia carretera de otros tráficos aparte del de vehículos a motor como los ya señalados, y que garantice la seguridad. Además no hace falta velocidad porque los vehículos que pasan por esta carretera, en su gran mayoría, hacen recorridos de corta distancia, van o vienen a los pueblos del concejo o lo recorren con fines turísticos, deportivos o de ocio. Los datos de la IMD así lo confirman. Y el principal tráfico interregional actual, el de camiones con carbón desde el puerto del Musel a las térmicas de León, aparte de tener otras alternativas de circulación, tiene sus días contados ante el inminente cierre de esas térmicas de carbón.
• Debe ser una vía que facilite la circulación de los peatones, los ciclistas y  las vacas y para ello sería necesario que destinara parte del espacio de la misma a esos tráficos con aceras, arcenes o un carril aparte cuando fuera posible o con el acondicionamiento de vías alternativas paralelas o próximas a la carretera. Tanto la alternativa 1 como la 2 y el propio EIA ignoran totalmente esta cuestión como si en el municipio de Caso no hubiera nada más que vehículos a motor, camiones de 9 metros y como mucho, alguna especie de fauna y flora protegida.
• Debe ser una carretera totalmente permeable y también segura para la fauna salvaje, en la que se minimicen los accidentes entre coches y animales. Eso implica que no debe tener cierres ni grandes desmontes o muros verticales ni permitir una velocidad de circulación que provoque esos accidentes.
• Para el adecuado uso y disfrute de los recursos del parque natural debe ser una carretera que facilite las paradas y cuente con numerosos aparcamientos bien acondicionados, áreas recreativas y de descanso, miradores, etc
• No hacen falta, en ese contexto, variantes para evitar poblaciones como la de Soto de Caso y si por seguridad se hace, debe ser una actuación blanda, que no aísle al pueblo ni impacte en el entorno de esa población ni la separe de los tráficos turísticos.

 

En resumen, el diseño de la vía debe ser el de una “carretera turística” o “carretera verde”, con límite de 50 kms hora, amigable para los usos  recreativos y ganaderos, no una carretera rápida con carriles de 3,5 metros y arcenes de 0,5 o inexistentes y con sobreanchos adaptados a los camiones de 9 metros, como absurdamente contemplan las dos alternativas sometidas a estudio.

 

 

3. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

 

Las alternativas sometidas a estudio contemplan una única actuación complementaria: el acondicionamiento de la travesía  de Soto de Caso, una vez que se haga una nueva variante de alto impacto de esa población.

 

Entendemos que este proyecto de mejora de la carretera, dotado de amplio presupuesto en los tres horizontes del Plan Regional, debería pasar de enfocarse como un acondicionamiento general de una vía de la red regional (algo que como hemos visto no es necesario ni conveniente por falta de tráfico y por las características medioambientales de la zona) con grandes movimientos de tierras y nuevas estructuras, a enfocarse como el acondicionamiento parcial, o mejora de firme, de una carretera “turística o verde”, sin apenas  movimientos de tierras, nuevos muros, puentes, etc, pero con numerosas pequeñas actuaciones complementarias que mejoren su funcionalidad en ese aspecto. Entre las actuaciones complementarias que debería incluir este proyecto de obras en la AS 117 entre Campo de Caso y Puerto de Tarna, además de, en su caso, la citada variante de Soto de Caso, estarían las siguientes:

 

• El acondicionamiento cuidadoso y completo del Camín Real desde el puerto de Tarna a Campo de Caso, (al menos) para facilitar los tráficos senderistas, de ganado, etc
• La rehabilitación respetuosa con el entorno de todos los caminos tradicionales colindantes con la carretera, de forma que enriquezcan su utilidad turística y ganadera.
• El acondicionamiento de una red de áreas recreativas y de descanso, aparcamientos miradores y pequeñas zonas de baño y de acampada o vivaqueo en las márgenes de la carretera
• La señalización y acondicionamiento de una ruta ciclista que transcurra por la propia carretera, por el Camín real,  o por su entorno, con carriles propios o garantías de seguridad suficiente.
• El acondicionamiento y señalización de la propia carretera como vía ganadera, con mangas y cierres donde fuera necesario, con variantes ganaderas donde haya túneles y con una velocidad de circulación baja compatible con el ganado y la fauna salvaje.
• La rehabilitación de aquellos edificios, cabañas, fuentes, capillas, lavaderos, monumentos o demás equipamientos públicos próximos a la carretera que contribuyan a aumentar el interés ambiental, cultural o turístico de la zona.
• El acondicionamiento de los accesos a los pueblos próximos como Pendones, Tarna,  etc

 

 

4.-RED DE CARRETERAS TURÍSTICAS O “VERDES” DE ASTURIAS

 

 

La carretera Campo de Caso-Puerto de Tarna así acondicionada como carretera turística o “verde” debería incluirse en una nueva categoría, con esa denominación, en la que se incluyeran otras vías y con las que se formara una red.

 

Otras vías a rehabilitar de esa manera e  incluir en esa red deberían ser, entre otras, al menos las siguientes:

 

• La carretera de Infiesto a Campo de Caso, también en el Parque Natural de Redes (con su tramo de Camín Real)
• La carretera del Puerto de la Cubilla
• Las carreteras de Ponga (PO 1 a 6)
• Las carreteras de Morcín (MO 1 y 2) y el entorno del embalse de Los Alfilorios
• Las carreteras al puerto de Somiedo y Valle del Lago
• La carretera AS 348 del Puerto del Connio. Esta vía en particular son 36,2 kms de calzada que atraviesan la reserva de Muniellos con una IMD de sólo 348 vehículos día, cuando los tiene, porque en invierno pasa temporadas cerrada. La gran  mayoría de los tráficos rodados de esta carretera cuentan con la alternativa del puerto de las Mujeres Muertas. Por tanto, la carretera del Connio, por su altísimo valor ambiental, debería recibir un tratamiento muy especial que consistiría en cerrarla al tráfico rodado libre (salvo residentes de los pueblos próximos  y servicios y personas autorizadas), descatalogarla como carretera, dotarla de un firme más amable, y darle un uso preferentemente peatonal y acompañado por guías y empresas concesionarias de la zona, al igual que se hace en la actualidad con las visitas a Muniellos desde Moal.

 

 

Visto todo lo anterior, SOLICITAMOS:

 

1.- Que se retire el presente proyecto de ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA CARRETERA AS-117 TRAMO CAMPO DE CASO –PUERTO DE TARNA y su Estudio de Impacto Ambiental, por no ser coherente con el propio PAT del Plan Director de Infraestructuras al prever una anchura de calzada y un volumen de obras, en las dos alternativas contempladas, excesivo en relación con los criterios del Plan, la IMD de la carretera y el valor ambiental de la zona. Además el EIA en realidad no contempla alternativas variadas, como es preceptivo, porque las dos alternativas presentadas, en lo principal, son muy parecidas,  tienen el mismo ancho de vía, representan el mismo modelo de uso, tienen un insoportable impacto ambiental en el parque natural y dificultan si no impiden, los demás usos principales actuales de la vía.

 

2.- Que se vuelva a presentar un proyecto que incluya entre las alternativas al menos una actuación de acondicionamiento blando, con anchuras de calzada de 5.5 o 6 metros como máximo, tal como establece el PDI, con escasos movimientos de tierras y velocidad limitada a 50 kms/hora Esta alternativa debería analizar y dar prioridad sobre los coches y camiones a las necesidades de tráfico turístico, colectivo, peatonal, ciclista y ganadero así como la existencia de miles de animales salvajes que cruzan a diario la carretera. E incluir un amplio listado de actuaciones complementarias que faciliten la diversidad de usos.

 

3.- Que con el fin de adaptar el PDI a las necesidades medioambientales y sociales de algunas zonas se establezca en el mismo la categoría de “carretera turística o carretera verde” que, en los espacios naturales o de interés turístico facilite la coexistencia armónica de los vehículos a motor con los demás usuarios de las carreteras (peatones, ciclistas, ganado y animales salvajes) y se califique como tal, entre otros, este tramo de carretera.

 

En Morcín, a 14 de noviembre de 2016

Nota de prensa de la Coordinadora Ecoloxista de Asturias, junio 2016

VERTIDOS DE MORCÍN Y RIBERA DE ARRIBA  EN EL RÍO  CAUDAL

 

Los vertidos de aguas fecales de Morcín y Ribera de Arriba al río Caudal continúan en pleno siglo XXI.

 

En Morcín, Santolaya,  la capital del concejo, continúa vertiendo todas sus aguas residuales de forma directa al río Morcín justo en su desembocadura en el Caudal.  Y eso a pesar de que ya se construyó un emisario de aguas residuales que sale de Santolaya y va en dirección a la depuradora de Las Caldas. Parece ser que esta obra, en alguno de sus tramos todavía no está terminada y los vertidos se siguen arrojando, de forma totalmente ilegal, en el río.

En Ribera de Arriba, al menos una parte de los vertidos de la capital del concejo acaban también en el río Caudal sin depuración, justo donde ahora se ha construido un pantalán para la práctica del piragüismo. Compartimos la necesidad de este pantalán pero creemos que es un sarcasmo que se quiera dar un uso lúdico y deportivo al río cuando todavía se siguen vertiendo al mismo las aguas fecales sin que se haga nada para evitarlo.

Al mismo tiempo, a lo largo de todo el cauce del río Caudal a su paso por Morcín y Ribera de Arriba todas las orillas, y el propio cauce, están llenas de basuras de distinto tipo, sin que nunca se haga ninguna campaña de limpieza por parte de las administraciones públicas locales responsables.

 

Es lamentable que algunos colectivos se quejen frecuentemente de la presencia de animales de diverso tipo, como los cormoranes, los jabalíes y los lobos, y hagan la vista gorda o ignoren la contaminación de los suelos, el aire y las aguas de la comarca

NOTA DE PRENSA DE ANA SOBRE LOS ACOTAMIENTOS AL PASTOREO DE LOS MONTES INCENDIADOS

NOTA DE PRENSA

LA ELIMINACIÓN DE LOS ACOTAMIENTOS AL PASTOREO
DE LAS ZONAS QUEMADAS POR INCENDIOS FORESTALES
ES UNA MEDIDA MUY GRAVE, CLIENTELAR Y FRAUDULENTA

Vemos en la prensa estos días que los grupos parlamentarios en la Junta General del PSOE, de IU y del PP presentarán a finales de mes una proposición del ley para modificar la Ley de Montes de Asturias y eliminar los acotamientos al pastoreo en las zonas que han sufrido incendios.
La proposición ha sido promovida, entre otros, por el Sr Marcos Líndez, diputado de la Junta General, investigado por prevaricación administrativa por otros asuntos y por el coordinador general de IU Manuel González Orviz.

Vista esta propuesta, desde la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA) debemos señalar lo siguiente:

1.- Los incendios forestales son uno de los mayores problemas medioambientales de la región por sus efectos sobre el medio y las especies naturales, la erosión y empobrecimiento de los suelos y el ciclo del agua. Ya hay numerosas sierras y montes de la región camino de la pérdida total de suelo y cubierta vegetal por esta causa. No debemos olvidar nunca que el suelo y el agua son la fuente de la vida. También son un grave problema desde el punto de vista económico y social que genera fuertes pérdidas económicas, gastos importantes a las administraciones públicas en prevención y extinción y pérdida de valiosos bienes e incluso vidas humanas.

2.- Casi todos los incendios forestales en Asturias son intencionados y la causa principal de estos incendios es la obtención de pastos para la ganadería.

3.- Los acotamientos al pastoreo previstos en la legislación estatal y en el artículo 66 de la Ley de Montes de Asturias (Ley 3/2004 de 23 de noviembre) son una medida imprescindible para la regeneración de las zonas quemadas por incendios forestales y para evitar la erosión de nuestros montes.

4.- Además, los acotamientos al pastoreo defienden a los montes de aquellos que quieren beneficiarse de un acto delictivo con el pastoreo en las zonas quemadas. En este sentido, es una medida eficaz para desincentivar que se provoquen incendios para la obtención de pastos. Desde que se generalizó la aplicación de acotamientos a partir de 2009 ya se ha podido apreciar que contribuyen de forma significativa a que disminuya el número de incendios.

5.- La política agraria de la Unión Europea pretende, sobre todo, conservar y mejorar el valor medioambiental de los montes y terrenos agrarios europeos, protegiendo los suelos, la sostenibilidad y la biodiversidad y todas sus líneas de ayuda van en este sentido. La ganadería extensiva tradicional, a largo plazo, no se ve beneficiada por los incendios porque la erosión y acidificación de los suelos que éstos provocan hacen que los pastos pierdan calidad o vayan desapareciendo.

6.- La modificación en 2015 de la Ley estatal de Montes no ha eliminado los acotamientos al pastoreo sino que ha dejado en manos de las comunidades autónomas tomar todas las medidas que sean necesarias para restaurar la cubierta vegetal quemada obligando a acotar temporalmente los aprovechamientos incompatibles con esa regeneración.

7.- En comunidades autónomas vecinas como Galicia, junto con Asturias, la más castigada por los incendios de finalidad ganadera, los acotamientos al pastoreo son la principal herramienta para la defensa de los montes contra los incendios y estos acotamientos se producen automáticamente desde la fecha del incendio, sin necesidad de que se declare expresamente el acotamiento como ocurre en Asturias, proceso de declaración que dificulta la gestión de esos acotamientos.

8.-Desde ANA entendemos que la propuesta de eliminar los acotamientos al pastoreo en las zonas quemadas no responde a criterios técnicos razonables de lucha contra los incendios o de mejora de la ganadería extensiva tradicional. Únicamente responde a planteamientos de clientelismo político y de explotación a muy corto plazo y no sostenible, de los montes asturianos; en definitiva a una política de liquidación de los montes en pocos años, sin tener en cuenta a las generaciones futuras. Favorece una explotación de los recursos naturales como la que se hacía en el neolítico: incendiar grandes zonas para luego meter ganado en ellas hasta que se agoten, técnica poco científica y primitiva, incompatible con la sociedad, la demografía y los valores actuales.

9.- La eliminación de los acotamientos parece que se propone también con el objetivo oculto de aumentar, mediante los incendios de zonas de matorral y arboladas, las superficies de pastizales subvencionables por la PAC 2014/2020, que basa sus líneas de ayudas en la superficie de pastos gestionada y conservada por cada ganadero. En ese sentido creemos que eliminar los acotamientos es una medida que va claramente contra los objetivos de las políticas agraria y medioambiental de la UE y puede ser un fraude para intentar conseguir más ayudas de la UE.

Por todo ello consideramos equivocado y muy grave este intento de eliminar los acotamientos al pastoreo de la legislación asturiana y, en caso de que esa norma se modifique, procederemos a denunciarlo ante la Comisión de la UE y la OLAF pidiendo que se revisen las ayudas agroambientales al no cumplir los condicionantes ambientales exigidos, con el fin de evitar que personas sin escrúpulos se puedan beneficiar a corto plazo de ayudas europeas a costa de esquilmar el patrimonio natural de Asturias y de poner en peligro nuestras vidas y haciendas.

En Oviedo, a 17 de junio de 2016